Audiencia Nacional

España investigará el asesinato de los seis jesuitas y las dos empleadas

 

El Supremo considera competente a la Audiencia Nacional para juzgar el caso

 

Hay una esperanza para que los asesinos de los Mártires de la UCA no eludan la justicia. La Sala de lo Penal del Supremo autoriza a la Audiencia Nacional para que juzgue el asesinato de los seis jesuitas y sus dos empleadas ocurrido en El Salvador en noviembre de 1989. La decisión se apoya en la nacionalidad española, además de la salvadoreña, de cinco de las ocho víctimas y en la consideración por parte del Supremo de la existencia de «indicios suficientes» de que el proceso penal efectuado en El Salvador no garantizó el castigo y la persecución efectiva de sus responsables. Es decir, el juicio fue un fraude.

El juez  Eloy Velasco podrá seguir investigando la muerte de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amado López, Joaquín López y López, Elba Ramos y Celina Ramos.

El crimen fue cometido en la Universidad Centroamericana de El Salvador por miembros de un batallón del Ejército salvadoreño siguiendo un plan del Estado Mayor del Ejército, del que serían responsables el entonces ministro de Defensa Rafael Humberto Larios y otros 19 militares. El asesinato múltiple ocurrió durante el gobierno de Alfredo Cristiani.

 

Justicia Universal

Según informa el periódico El País, en un auto del que ha sido ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, el tribunal responde así a la exposición razonada que envió Velasco para determinar si debía continuar la causa abierta en España por estos hechos en virtud de una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro de Justicia y Responsabilidad, denunciando el asesinato de los sacerdotes, una empleada de hogar y la hija de esta a manos de militares salvadoreños.

El auto del Supremo analiza la aplicación al caso de la reforma de la justicia universal introducida en marzo de 2014 en la Ley Orgánica del Poder Judicial para reducir al mínimo la justicia universal. El texto, aprobado en solitario por el PP, establece que algunos delitos no serán perseguibles en España si ya hay iniciado un procedimiento en el Estado donde se hubiesen cometido los hechos, salvo que dicho Estado no esté dispuesto a investigar o no pueda hacerlo.

El caso de los Mártires de la Universidad Centroamericana ya fue juzgado en El Salvador, que condenó a la pena máxima de 30 años al Coronel Benavides y al teniente Yussi Mendoza. Ambos fueron amnistiados y liberados el 1 de abril de 1993 por la Segunda Ley de Amnistía, pero, además, el alto tribunal español considera que existen indicios “serios y razonables” de que aquel juicio no pretendió realmente que los responsables de los hechos fueran castigados, sino, más bien, su sustracción a la justicia, “todo ello acompañado de la ausencia de las garantías necesarias de independencia e imparcialidad”.

En su exposición razonada, el juez Velasco detalló una serie de circunstancias que, en su opinión, convirtieron aquel proceso en una “simulación” que desembocó en un resultado de “no justicia”: la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos de El Salvador se demoró en exceso para obtener documentos, lo que pudo favorecer que fueran destruidos; dicha Comisión ocultó datos al juez instructor; los fiscales del caso renunciaron porque el fiscal general les ordenada no impulsar el procedimiento y no les permitía interrogar como testigos a importantes militares; o las amenazas denunciadas por los miembros del jurado. Todas esas circunstancias fueron corroboradas en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de diciembre de 1999.

Una vez resuelta la competencia de España para investigar el caso de los jesuitas, en la Audiencia Nacional hay aún otras dos causas que pueden verse afectadas por la justicia universal y sobre las que aún no hay decisión: el asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976, durante la dictadura de Pinochet en Chile; y el ataque a la Flotilla de la Libertad de Gaza en 2010.

 

Orlando Montano

 

El ex viceministro de Defensa de El Salvador, Inocente Orlando Montano, concluyó el miércoles 15 del pasado mes de abril una pena de prisión por 23 meses, decretada por la justicia estadounidense por haber cometido delitos migratorios, pero quedó detenido   hasta que se resuelva la extradición solicitada por la Audiencia Nacional de España para juzgarle como uno de los autores intelectuales de la masacre de los jesuitas.

El tribunal de Carolina del Norte, encargado de su caso, decretó su prisión provisional sin derecho a fianza hasta que se produzca la vista de extradición. La querellante del caso señaló que Orlando Montano podría ser enviado en otoño a España para que responda ante un juez sobre su participación en los asesinatos.

Inocente Orlando Montano, ex coronel de 72 años, es uno de los 20 ex militares salvadoreños acusados en España por cargos relacionados con el asesinato de los jesuitas.

“Es satisfactorio, nos brinda esperanza en el sentido que ahora puede avanzar la investigación por el crimen de los jesuitas”, dijo el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, David Morales.

“Nos parece justo que sea llevado ante la Audiencia Nacional para que responda por este horrendo crimen, porque en El Salvador lo que hacen es protegerlos”, agregó Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos no Gubernamental.

(Verdad Digital)

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Los cuerpos de los jesuitas y las dos mujeres asesinadas en 1989. EFE

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Fotografía de archivo de los cuerpos de varios de los seis sacerdotes. Foto EFE

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Catalina Montes en el jardín de la Universidad del Salvador, donde fueron asesinados los jesuitas. Foto El Mundo

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Inocente Montano, acusado por el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas españoles en El Salvador en 1989. Foto EFE